Justicia Social y Participación Política

Durante los ocho años de trabajo comunitario que ha realizado el CICC A.C., nos hemos dado cuenta que las necesidades de las comunidades y organizaciones que acompañamos se han ampliado. Lejos de transitar hacia un estado mejor en sus condiciones de vida, cada vez resulta más difícil romper el círculo de pobreza estructural en el que se encuentran. Esto se debe en gran medida al incremento de la violencia, del despojo y de la represión hacia quienes buscan defender sus territorios o construir una vida digna para sus familias y comunidades.

Un aspecto fundamental de esta ingeniería del conflicto, es la censura a la libertad de expresión y el poco o nulo acceso a la justicia ante la violación a los derechos humanos de la población afectada. Un común denominador entre quienes luchan por la defensa del territorio, es que su historia está plagada de casos de desaparición forzada, presos políticos, exiliados y asesinatos de luchadores y luchadoras sociales, así como del uso “a modo” de la legislación, para el despojo de tierras y recursos naturales a favor de los grandes capitales. La invisibilización de los hechos y la dinámica generada durante los procesos jurídicos ante estas violencias, desgastan la lucha social y merman las energías y recursos que de otra manera, podrían inyectarse a la construcción de una vida digna en las comunidades y pueblos de nuestro país.

Por lo anterior, el área de Justicia Social y Participación Política, surge de la necesidad de exigir justicia por las y los compañeros presos, asesinados, desaparecidos, exiliados, etc. por su labor de defensores y defensoras del territorio. Hemos visto que la denuncia social contribuye sustancialmente a frenar la represión hacia las comunidades organizadas. En este sentido la pedagogía y la cultura son nuestras grandes aliadas pues permiten una participación política disruptiva pero empática.

La búsqueda de justicia es una exigencia permanente y vemos que para obtenerla es necesaria una labor integral que considere, a la par del proceso jurídico, la documentación y difusión de los casos. Reivindicar la participación política como un derecho de todas y todos forma parte de esta labor toda vez que se constituye como acciones para la defensa de los derechos humanos. Lo anterior genera un marco mínimo de seguridad para evitar mayor represión durante el proceso jurídico, y que lejos de dañarlo, fortalece el ejercicio de nuestros derechos a la libertad y seguridad personal.

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